El inicio del año judicial 2017 u otra demostración abierta de su sumisión ante el Ejecutivo

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Imagen cortesía: nicolasmaduro.org.ve

Agradecido por la lealtad que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) demostró a la hora de bloquear a la Asamblea Nacional. Así se mostró el presidente Nicolás Maduro al participar en el acto de Apertura Judicial, donde tras asegurar que “en Venezuela hay paz porque tenemos un TSJ valiente” instó a esa instancia a actuar con contundencia contra la mayoría opositora a la que acusó de cometer “delitos graves”.

“En el año 2016 se demostró ampliamente la fortaleza jurídica y ética, la firmeza, la capacidad de respuesta y la calidad indestructible del Poder Judicial para plantarse frente a poderes fácticos nacionales e internacionales para hacer valer la legalidad y constitucionalidad (…) no le tiembla el pulso [al TSJ] para hacer valer la Constitución y yo, como Jefe de Estado, quiero darle las gracias, en particular a la Sala Constitucional y a su presidenta, Glayds María Gutiérrez Alvarado, por su valentía, su compromiso”, expresó el mandatario.

La declaración la hizo el Jefe del Estado durante el discurso que, por tercer año consecutivo, ofreció a los magistrados y jueces congregados en el máximo juzgado para dar inicio oficialmente a las actividades de los tribunales del país.

Pero los elogios del presidente Maduro no se quedaron allí y al despedirse aseveró que lo embargaba “un sentimiento muy grande de gratitud por la lealtad, magistrada, magistrados. La lealtad, la honestidad y el compromiso que con su propia vida han puesto para que nuestro país pase parte la tempestad de 2016 y esté en las mejores condiciones en el 2017 para seguir avanzando”.

Y aunque aseguró que “nunca” ha llamado a ninguno de los presentes para girarle alguna instrucción, el mandatario instó a los 32 magistrados a aplicar “justicia máxima” a la mayoría opositora del Parlamento.

“Una AN totalmente inútil, totalmente fallida (…) que ha incurrido en delitos graves contra el Estado de Derecho. No son faltas, no son errores. El desacato continuo que la ha llevado a autoanularse, son delitos graves (…) ustedes cuentan conmigo porque no me temblará el pulso para hacer todo lo que haya que hacer para restablecer el Estado de Derecho”, afirmó, al tiempo que agregó: “nadie puede estar por encima de las leyes ni de los tribunales de la República. Hay que acatar las leyes de los tribunales, así no se esté de acuerdo con las decisiones”.

En el auditorio principal del TSJ, donde se celebró el acto —cuyo inicio se dio pasada la una de la tarde aunque estaba pautado para las 11:00 a. m.—, se hallaban los 32 magistrados; la fiscal general, Luisa Ortega Díaz; el defensor del Pueblo, Tarek William Saab; el contralor general, Manuel Galindo; y decenas de jueces.

El conflicto con el parlamento no solo ocupó buena parte de la actuación del máximo juzgado durante 2016 y del inicio de 2017, sino que también tuvo un lugar relevante en el informe de gestión que la presidenta del TSJ, magistrada Gladys Gutiérrez, ofreció.

Tras afirmar que “asumimos la tarea de proteger la integridad constitucional ante aquellos factores que pretendan impedir, menoscabar o enervar la correcta aplicación de la Constitución”, Gutiérrez sostuvo que la Sala Constitucional, con los más de 50 fallos contra el Legislativo, “garantizó la estabilidad de la República”. Y acto seguido, advirtió que a esa instancia “nada la desviará de su compromiso de cumplir con las competencias que la Constitución le otorga y reafirma su lealtad al pueblo”.

La magistrada también aseguró que el Poder Judicial dictó en 2016 1.591.661 sentencias, 23% más que en 2015, pero no precisó ni el tiempo que le tomó resolver esos casos ni cuántos aún aguardan respuesta.

Los abogados protestaron

Mientras dentro del edificio del TSJ se celebraba la actividad, en las afueras un grupo de diputados, abogados, activistas de Derechos Humanos y estudiantes se congregaron para protestar contra la actitud del máximo juzgado.

El diputado al Parlamento del Mercosur (Parlasur), Rafael Veloz, fue uno de los que participó en la concentración y denunció que tanto la Sala Constitucional, como el TSJ son utilizados por el Gobierno como “mecanismo para llevar adelante el proceso revolucionario”.

Efectivos de la Casa Militar y el personal de seguridad del máximo juzgado intentaron dispersar la manifestación y obstaculizaron las declaraciones de los manifestantes, informó la agrupación Acceso a la Justicia en un comunicado.

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