Gobierno chavista aplica un “patrón” de persecución para silenciar a la disidencia

 

Los efectivos del Servicisebin-sucesoso Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) tocaron la puerta de la casa de la profesora Andreyna Febres-Cordero a las 8 de la mañana del martes 20 de septiembre. Buscaban a Andrés Moreno Febres-Cordero, su hijo de 28 años. Querían llevárselo preso. ¿La razón? Lo acusaban de ofender a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Ni siquiera se tomaron la molestia de imprimir en un papel la orden de captura. Para que se informara de las razones del operativo, un funcionario le mostró la pantalla de su celular a Febres-Cordero, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Metropolitana (Unimet). Allí la académica leyó que pretendían arrestar a su hijo por cometer delitos contra el honor militar.

Moreno Febres-Cordero no estaba en su residencia, pero al conocer la situación se presentó voluntariamente ante el Sebin, donde quedó recluido. “Andrés está detenido por haber colaborado en un video, contratado por la organización política Primero Justicia a una empresa privada, en ejercicio de principios democráticos constitucionalmente establecidos en nuestro país”, denunció su familia a través de un comunicado el 23 de septiembre.

La persecución había comenzado el 15 de septiembre. Ese día agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) aprehendieron a Marco Trejo, César Cuellar y James Mathison por haber participado en la elaboración de un mensaje que Primero Justicia dirigió a la FANB para –según explicó el partido opositor-  “llamar a la conciencia y evitar la represión a las manifestaciones públicas a favor del referendo revocatorio 2016”.

Los cuatro productores del video, todos civiles, están siendo procesados por los tribunales militares y se exponen a una pena de hasta 15 años de prisión por supuestamente incitar a la rebelión. Moreno Febres-Cordero es el director del Instituto de la Juventud de la Alcaldía del municipio Sucre del estado Miranda, gobernado por Primero Justicia, mientras que Mathison es el esposo de la presidenta del Circuito Penal de Caracas, Solchy Delgado

El mismo patrón

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) tachó de “inconstitucional el uso de la justicia militar contra civiles detenidos”, al tiempo que enmarcó este hecho en la “persecución política que ha asumido el Gobierno como estrategia para neutralizar las voces contrarias”.

El director de Provea, Rafael Uzcátegui, observa que la “curva de autoritarismo se profundizó” desde el 13 de mayo pasado, cuando el presidente Nicolás Maduro firmó el decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica. Esa resolución permite al Ejecutivo nacional “dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras”.

“Estamos en un de limbo que no es democracia, donde la seguridad del Estado está por encima de la seguridad y los derechos de las personas, y con la creación de una institucionalidad paralela, discrecional y arbitraria, que tiene al sector militar como un actor fundamental”, señaló Uzcátegui a Univision.

Bajo el argumento de que enfrenta un intento de golpe de Estado, el Gobierno bolivariano en las últimas semanas ha encarcelado a dirigentes de la oposición como Yon Goicoechea y el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry del estado Aragua, Delson Guarate. Igualmente, dictó órdenes de captura contra el legislador regional del estado Zulia, Lester Toledo, y el alcalde del municipio Maturín en el estado Monagas, Warner Jiménez, y metió nuevamente en prisión al ex alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira, Daniel Ceballos, quien cumplía arresto domiciliario. Todos ellos militan en Voluntad Popular, partido fundado por Leopoldo López, condenado a 13 años de presidio por encabezar las protestas contra Maduro en febrero de 2014.

La detención de Goicoechea se produjo la mañana del 29 de agosto. El alcalde del municipio El Hatillo del estado Miranda y coordinador de Voluntad Popular, David Smolansky, alertó en ese momento que su compañero había sido “secuestrado por un grupo armado” y que estaba “desaparecido”. Al final de ese día, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reveló en medio de un mitin que Goicoechea había sido privado de libertad por el Sebin.

“Fue detenido (Goicoechea) y en su poder encontraron cordones detonantes para explosivos, ese señor fue entrenado por el imperio norteamericano durante años. Nuestra propuesta siempre será la paz, pero a veces la paz hay que conquistarla peleando (…) Nadie se sorprenda cuando los organismos de inteligencia vayan a la casa de Juancito, Pedrito, María, tun, tun, y véngase pa’ acá por conspirador y que la justicia se imponga”, apuntó Cabello.

Maduro sentenció posteriormente que “Voluntad Popular es el partido de la violencia golpista que está metido en el golpe de Estado del primero de septiembre”. En esa fecha la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) realizó la llamada “toma de Caracas”, una manifestación en la que participaron decenas de miles de personas para exigir que se celebre el referendo revocatorio este año.

La abogada Ana Leonor Acosta explica a Univision que existe una especie de “patrón” que se repite en estos casos. En primer lugar, les imputan crímenes similares como instigación a delinquir y tenencia de armas de guerra y artefactos explosivos. Luego, presentan el “hecho comunicacional”, con la declaración de un alto funcionario político o un directivo del PSUV que desvela “quién es el enemigo y cuál es su plan”. Y, por último, la intervención “represiva” del Sebin y del Ministerio de Relaciones Interiores, que toma el lugar que debería ocupar la Fiscalía General de la República.

“Las investigaciones no son objetivas, debido a que en el país no hay Estado de Derecho ni instituciones serias, y solo buscan infundir miedo y desarticular a las organizaciones partidistas”, indica Acosta, quien defiende a Ceballos y Guarate.

Más censura

La ONG Espacio Público divulgó un boletín en el que afirma que entre enero y junio de este año ocurrieron 160 violaciones a la libertad de expresión, “lo que representa un incremento del 8,48% respecto al mismo periodo del año 2015”.

“Veinte casos de violaciones a la libertad de expresión durante la cobertura de filas a las afueras de los comercios se registraron en el primer semestre, lo que equivale al total contabilizado en el año 2015. Impedir el registro mediante desalojos forzados, confiscación e incluso robo de equipos, por cuerpos de seguridad y en menor medida por particulares o grupos violentos, se perfila como patrón regular de restricción en este periodo”, expone la asociación civil en su estudio.

El jefe del Sebin, mayor general Gustavo González López, escribió en su cuenta Twitter el primero de septiembre: “Capturado dron de la Asamblea Nacional y detenidos sus operadores. Se investiga objetivo de la violación de Resolución Administrativa con presunta participación de diputados”. Desde ese día se encuentra tras las rejas el periodista Alejandro Plugia, quien simplemente intentaba captar imágenes aéreas de la llama “toma de Caracas”. Ahora Plugia enfrenta cargos por “favorecimiento bélico”.

El director de la página web Reporte Confidencial, Braulio Jatar, fue aprehendido el 3 de septiembre por efectivos del Sebin en la isla de Margarita. Las autoridades lo acusan por “legitimación de capitales”; sin embargo, el expediente en su contra se abrió luego de que filtrara los videos del cacerolazo que sufrió Maduro el 2 de septiembre durante una visita sorpresa al barrio de Villa Rosa.

La economista Ana Julia Jatar dijo al diario TalCual de Caracas que a su hermano Braulio “lo interceptó el Sebin llegando a su programa de radio a las 9 de la mañana y le plantaron 20.000 dólares en un maletín para ahora decir que iba a financiar acciones terroristas. El modus operandi típico de este Gobierno porque así hicieron con Yon Goicoechea de Voluntad  Popular, pero a él le plantaron explosivos”.

El director de Provea, Rafael Uzcátegui, advierte que con este tipo de actuaciones, “el Gobierno de Maduro se ha convertido en el principal violador de la Constitución venezolana”.

Pedro Pablo Peñaloza

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