Juan José Mendoza, el magistrado que no ve retraso en la justicia

 

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Pese a que las cárceles están llenas de presos que aguardan sentencia y que casos como el del joven Basil Da Costa, asesinado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 12 de febrero de 2014 cerca de la sede principal de la Fiscalía, aún están en fase de juicio más de dos años después de ocurridos los hechos, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hay quienes aseguran que en Venezuela en el retardo procesal es escaso, por no decir “mínimo”.

El magistrado de la Sala Constitucional del máximo juzgado y director de la Escuela de la Magistratura, Juan José Mendoza, es uno de quienes sostienen esa afirmación.

“Nuestras estadísticas revelan que el Juez, el Secretario y el Alguacil están a la hora indicada en la audiencia, el problema está en que la defensa pide diferimientos para estudiar los casos y se les deben conceder, porque se garantiza el derecho a la defensa, entonces cuando estamos frente a esto no podemos hablar de retardo, sino garantía de la tutela judicial”, afirmó el funcionario en 2015, durante un desayuno que ofreció a los periodistas por su día.

Mendoza aseguró que un estudio elaborado durante su paso por la Inspectoría General de Tribunales le permitía realizar semejante afirmación.  Sin embargo, ni en esa ocasión ni posteriormente ha ofrecido una sola cifra que permita sustentar tan peregrina tesis, la cual contrasta con los propios números del TSJ.

En 2014 la presidenta del máximo juzgado, magistrada Gladys Gutiérrez, reconoció que en 2012 en Caracas solo 48 de cada 100 audiencias que se fijaba terminaba celebrándose, cifra que ha ido disminuyendo paulatinamente gracias a la puesta en marcha de la agenda única, un sistema que impide a los jueces fijar más actos de los ellos puedan tramitar y asegurándose que los mismos coincidan con otros que los fiscales y defensores públicos tienen fijados en otros tribunales.

No obstante, medidas como la reducción del horario judicial durante casi dos meses debido a la crisis eléctrica necesariamente agudizó la demora, tal y como han admitido extraoficialmente jueces y fiscales.

Asimismo las sucesivas reformas que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) ha sufrido en los últimos años han limitado la posibilidad de que la defensa solicite aplazamientos e incluso ha restringido a dos la posibilidades ausencia de los representantes del imputado en actos como la audiencia preliminar, en la que se decide si una persona será enjuiciada o no; so pena declarar su abandono y designar un defensor público en su lugar.

De Las Monjas a Dos Pilitas

El magistrado siguió la senda trazada por el defenestrado Luis Velázquez Alvaray y en 2010 dejó su curul en el Parlamento, la cual consiguió en el 2000 con el respaldo del extinto Movimiento Quinta República y posteriormente con el Partido Socialista Unido de Venezuela, para irse a la Sala Constitucional.

Durante el tiempo que ha estado en el TSJ ha dictado fallos polémicos, como el que en 2014 facultó a los militares a participar en marchas y mítines y más recientemente dejó casi moribunda la Ley que la Asamblea Nacional aprobó para otorgarle el cestaticket a los pensionados.

Sin embargo, también ha dado qué hablar por otros motivos. En 2014 el presidente Nicolás Maduro reveló que el vehículo del magistrado sufrió un atentado, cuando dos sujetos en moto comenzaron a dispararle. “Por suerte el carro estaba blindado”, relató el mandatario, quien apuntó que Mendoza no iba en el mismo, sino su hija.

Del hecho no se supo más nada, pero en el máximo juzgado no descartaban que el mismo estuviera vinculado con algún caso que el funcionario tuvo.

Juan Francisco Alonso

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