Poder Judicial obstaculiza la lucha contra la corrupción

Poder Judicial obstaculiza la lucha contra la corrupción y la contraloría social

La orden dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia del Circuito Judicial del estado Barinas, que prohíbe a los diarios locales publicar notas contra el gobernador Adán Chávez Frías, forma parte de una serie de decisiones del Poder Judicial que obstaculizan la lucha anticorrupción y limitan el ejercicio de la contraloría social.

Los tres medios impresos de la entidad llanera, La Prensa, El Diario Los Llanos y La Noticia, tienen prohibido desde martes 23 de agosto publicar informaciones, declaraciones de políticos, dirigentes y de cualquier ciudadano, que intente señalar en hechos punibles a Chávez Frías, si estos no han sido presentados en algún organismo de carácter judicial.

La decisión fue conocida a través de una comunicación emitida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia del Circuito Judicial Civil, Mercantil y Tránsito del estado Barinas, que se les entregó a los directores de los tres periódicos. De esta forma, ninguno de estos tres medios podrá informar sobre hechos que pudiesen constituir la comisión de algún delito previsto en el Código Penal, como difamación e injuria, en contra de Chávez Frías.

El fallo judicial es la respuesta a un reclamo del mandatario barinés, que denunció penalmente al diputado opositor Freddy Superlano, por haberse “aprovechado” de su inmunidad parlamentaria y acudir a los medios a difamarlo e injuriarlo. Superlano denunció ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional a Chávez Frías por la existencia de, al menos, 17 obras paralizadas y un desfalco de casi 100 millardos de bolívares.

Una fórmula similar aplicó el exministro de Alimentación, mayor general Carlos Osorio, que el 13 de junio de este año informó que demandó a los diputados opositores Ismael García y Carlos Berrizbeitia, y al dirigente de Voluntad Popular, Carlos Tablante, por “daños y perjuicios morales”. “Mi demanda contra los ciudadanos Tablante, García, Berrizbeitia obedece a no seguir permitiendo más injurias a mi reputación y honor”, explicó Osorio a través de su cuenta en Twitter.

Dos semanas después de que Osorio anunciara la medida, la juez provisoria del estado Carabobo, Omaira Escalona, resolvió darle la razón al militar y prohibió a García, Berrizbeitia y Tablante “continuar con la publicación, declaración y difusión de artículos difamantes a través de la página web Cuentas Claras Digital y redes sociales como Twitter, Facebook y otros”.

Pero la jueza Escalona no se limitó a censurar al portal Cuentas Claras Digital, administrado por Tablante, sino que ordenó a todos los medios del país a “que se abstengan de publicar o difundir noticias, mensajes gráficos o vilipendiosos en cuanto a cualquier señalamiento que tenga por objeto menoscabar la esfera moral que atente contra el honor, decoro y reputación del ciudadano Carlos Osorio”. El ciudadano “protegido” por los tribunales es investigado en la Asamblea Nacional por supuestas irregularidades cometidas durante su gestión.

El Poder Judicial también golpeó el combate contra la corrupción en julio, cuando la Corte de Apelaciones del estado Bolívar ratificó la condena a cuatro años de cárcel contra el director del Correo del Caroní, David Natera Febres, emitida en marzo por el Tribunal Penal Sexto de Juicio de Puerto Ordaz.

Natera Febres fue castigado por la justicia debido a que en 2013 el periódico divulgó información sobre las supuestas irregularidades en el tráfico de mineral de hierro en Ferrominera Orinoco, afectando intereses políticos y económicos de la región.

Correo del Caroní informó sobre un caso de corrupción en Ferrominera Orinoco en la que estuvo involucrado, entre otros, Yamal Mustafá, empresario y dueño del diario Primicia, de Puerto Ordaz. Mustafá goza de libertad plena tras el sobreseimiento de la causa en su contra por el Tribunal Noveno de Control de de Caracas, en diciembre de 2015.

Estas tres sentencias dejan en evidencia que lejos de facilitar las averiguaciones y estimular la participación ciudadana, el Poder Judicial intimida a los denunciantes y permite que se profundice la impunidad, sancionando a quienes levantan su voz para criticar la corrupción y defendiendo a los señalados de cometer irregularidades.

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